Enfoque Local

Intendentes de 13 departamentos se reunieron con el gobernador Llaryora y aprobaron una resolución conjunta contra el proyecto nacional que modifica el régimen de Zona Fría, que hoy beneficia a más de 688 mil familias cordobesas.

El gobernador Martín Llaryora encabezó este lunes una reunión en el Centro Cívico con intendentes y jefes comunales de los 13 departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría, para trazar una postura común frente al proyecto de ley del Gobierno nacional que propone modificar el esquema de subsidios al gas natural.
El encuentro, que reunió a representantes de distintos espacios políticos, culminó con la aprobación de una resolución conjunta de la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas, que rechaza de plano la iniciativa por considerar que generaría «un grave perjuicio económico y social» para miles de hogares. Según los cálculos presentados, las facturas de gas podrían aumentar entre un 42 y un 100 por ciento para los usuarios actualmente beneficiados.
Hoy, el 87% de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba accede a algún tipo de subsidio asociado al régimen, lo que alcanza a más de 2,2 millones de personas. De las 688 mil familias beneficiadas, unas 280 mil reciben una bonificación del 30% en la tarifa y otras 408 mil obtienen descuentos del 50% por vulnerabilidad socioeconómica.
«Es un golpe directo al bolsillo de más de 600 mil familias cordobesas», advirtieron desde el Gobierno provincial. Llaryora fue más contundente: «¿Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes?», afirmó, y pidió a los representantes de la provincia en el Congreso que rechacen el proyecto en su formulación actual.
La resolución también advierte que la eliminación del criterio territorial vigente profundizaría desigualdades regionales y agravaría situaciones de pobreza energética, afectando especialmente a jubilados, familias trabajadoras y sectores vulnerables durante los meses de mayor consumo invernal. Los firmantes reclamaron que cualquier modificación del régimen sea debatida en una instancia federal, con participación de provincias, municipios, organismos técnicos y usuarios.