El gobernador Llaryora firmó la iniciativa Antibúnker, que habilita al Estado a actuar sobre búnkeres de droga, aguantaderos y edificios abandonados, y destina los fondos decomisados a financiar la FPA y políticas de prevención del narcotráfico.
El gobernador Martín Llaryora firmó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, una herramienta legal específica para que el Estado provincial intervenga sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas o que, por su abandono o deterioro, representen un riesgo para la seguridad pública.
La iniciativa establece un procedimiento de intervención temprana que incluye actas de constatación, informes técnicos y medidas preventivas como cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia de los inmuebles. En los casos más complejos vinculados al narcotráfico, será la Justicia quien podrá ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de los bienes a sus legítimos propietarios.
El proyecto crea además un esquema de reinversión de los bienes decomisados: el 60% irá al fortalecimiento operativo, tecnológico y de equipamiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), y el 40% restante financiará programas de prevención del Ministerio de Justicia y Trabajo.
Para coordinar las acciones, se crean la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que articulará el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la FPA, la Policía de Córdoba y los municipios. La ley también invita a los gobiernos locales a adherir al régimen mediante convenios de cooperación.
Enfoque Local 
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