Llaryora envió a la Legislatura un proyecto que permitirá reordenar préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito con tasas y plazos especiales

El gobernador Martín Llaryora remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear el Programa Provincial de Alivio y Reordenamiento del Endeudamiento Familiar, destinado a facilitar la regularización de deudas de familias que atraviesan dificultades económicas para afrontar sus obligaciones financieras.
La iniciativa apunta a personas cuya capacidad de pago se haya visto afectada y que necesiten refinanciar, reprogramar o reestructurar sus deudas, con el objetivo de reducir el costo financiero, evitar un mayor deterioro de su situación crediticia y favorecer la recuperación de su economía.
Tasa máxima del 35% y hasta 48 cuotas
El proyecto prevé la participación voluntaria de entidades financieras y emisoras de tarjetas de crédito, que deberán ofrecer líneas especiales de refinanciación con una Tasa Nominal Anual fija de hasta el 35%, en plazos de entre 24 y 48 cuotas mensuales.
Podrán reestructurarse préstamos personales, saldos financiados de tarjetas de crédito y otras deudas vinculadas a gastos ordinarios y necesidades básicas del hogar. Quedan excluidas las financiaciones relacionadas con juegos de azar y apuestas.
Quiénes podrán acceder
Podrán ingresar al programa las personas con domicilio en la provincia de Córdoba con una antigüedad mínima de dos años, que hayan estado clasificadas en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central al 31 de julio de 2026. También deberán cumplir condiciones económicas y patrimoniales que definirá la autoridad de aplicación, entre ellas el nivel de ingresos del grupo familiar, la titularidad de bienes registrables y la relación entre ingresos y obligaciones financieras.
Incentivos para bancos y tarjetas
Como estímulo para que las entidades adhieran, el proyecto establece una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los intereses generados por las operaciones de refinanciación incluidas en el programa. El Ministerio de Economía provincial será la autoridad encargada de instrumentar el programa, verificar requisitos y establecer los mecanismos de adhesión.
Una vez sancionada y reglamentada la ley, el programa tendrá una vigencia de tres meses calendario para concretar las operaciones alcanzadas.


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